El martes 17 de marzo, Pedro Sánchez, presidente, presentaba su paquete de medidas para superar la crisis del COVID-19. Ha anunciado la movilización de 200.000 millones de euros, la mayor cifra en la historia de la democracia española, lo que equivale a un 20% del PIB español. Las divisiones establecidas has sido, por un lado, 117.000 millones de euros para el sector público y el resto para la movilización de recursos privados.
La misión principal de esta movilización, es que nadie se quede atrás en la crisis que atraviesa España actualmente. Como bien ha dicho Sánchez, “No vamos a escatimar ningún esfuerzo. Tenemos que proteger a nuestras familias, empresas, autónomos con un escudo social que solo pueden forjar los poderes públicos”.
A continuación, estas son las medidas que ha tomado el gobierno:
Apoyo a las familias más vulnerables por el virus:
Se repartirán por comunidades autónomas 600 millones de euros a los servicios sociales, para las prestaciones básicas a las personas mayores y dependientes, que son colectivos vulnerables por esta pandemia.
La garantización de suministros básicos como son luz, agua y gas y como novedad, telecomunicaciones, para aquellos que se encuentren en estado de riesgo o exclusión social.
Protección de la vivienda, permitiendo una moratoria del pago de las hipotecas para aquellos más vulnerables. Como por ejemplo los que sufren reducción de sueldo o desempleo debido a esta crisis del coronavirus.
Apoyo a la investigación de la vacuna:
Se van a dedicar 30 millones de euros para apoyar la investigación científica en la búsqueda de la vacuna contra el COVID-19.
Apoyo para empresas, trabajadores y autónomos:
Aquellos que vean afectados sus puestos bajo ERTE, podrán disponer de las prestaciones independientemente del requisito de cotización mínima. Las ayudas al desempleo no se contabilizarán mientras dure la crisis, con motivo de no agotar esos recursos una vez que haya concluido la crisis del coronavirus.
Para los ayuntamientos, se permitirá el gasto de sus ahorros en servicios públicos con el fin de garantizar la seguridad de los dependientes y afectados por coronavirus.
Las empresas deberán fomentar y facilitar el teletrabajo en la medida de lo posible. Para los trabajadores que tengan que cuidar a sus familiares, ya sean mayores o niños, se les permitirá la reducción de su jornada laboral hasta un 100%.
Apoyo a la digitalización de las pymes y planes de I+D para fomentar el teletrabajo.
Para evitar el despido de trabajadores, las empresas podrán recurrir al ERTE sin obligación de pagar las cuotas a la Seguridad Social.
Se facilita el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad para aquellos autónomos que hayan tenido que cerrar su establecimiento y que vean caer en un 75% su facturación en comparación con el anterior semestre. Esta ayuda se puede compaginar también con la exoneración de cuotas.
Para favorecer la liquidez de las empresas, se crea una línea de avales de garantías públicas con un importe de 100.000 millones de euros. Además, para las empresas exportadoras, se crea una línea dotada con 2.000 millones de euros.
Reformación de la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que los países de fuera de la UE tengan la posibilidad de tomar el control en entidades estratégicas españolas debido a la caída del valor de sus acciones y a la volatilidad de los mercados financieros.
